El ministro Borrell solicita a la UE un recurso ante la OMC "para defender los intereses europeos" por el embargo de EEUU. Meliá, Iberostar y Barceló, las empresas españolas perjudicadas.
El Gobierno ha decidido echar un capote a las empresas españolas perjudicadas por el embargo de Estados Unidos a Cuba. Según ha podido saber EXPANSIÓN, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, pidió a la Comisión Europea que interponga un recurso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para proteger a sus empresas de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar propiedades suyas en Cuba expropiadas por el régimen castrista.
Al menos tres hoteleras españolas se han visto afectadas por esta medida, que llevaba más de dos décadas suspendida. En las últimas semanas Meliá, Iberostar y Barceló han recibido avisos de reclamación por parte del despacho estadounidense Rivero Mestre, en nombre de varios clientes. La notificación advierte, conforme a lo establecido en el Título III, que si en 30 días la empresa no cesa sus actividades y compensa a los antiguos dueños, será denunciada y se le requerirá una indemnización mucho mayor por daños.
En este contexto, y ante el temor a una oleada de demandas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado cartas en el asunto. Lo hizo hace 11 días, durante el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores Europeos en Bruselas.
En su intervención, Borrell pidió ante la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política Exterior, Federica Mogherini, "activar todos los mecanismos de respuesta para defender los intereses europeos en la isla" y en particular instó a a usar "el recurso a la OMC por parte de la Comisión", según el documento de la intervención, al que ha tenido acceso este diario. En ese momento, las autoridades españolas tenían constancia de que una importante empresa turística había salido damnificada. Probablemente Meliá, que casi un mes antes había recibido la notificación. Desde entonces, los avisos se han extendido a otras empresas españolas, como Iberostar o Barceló, que se conocieron el miércoles, y de otros países, como la cadena frances Accor o Blue Diamond. El Gobierno español teme que "podrían multiplicarse las demandas en los próximos meses".
Un día después de la intervención de Borrell, el 18 de junio, Mogherini viajó a Washington, donde trató esta cuestión con el secretario de Estado de la Casa Blanca, Mike Pompeo, según confirman fuentes comunitarias.
Aunque por el momento se desconoce si Bruselas ha presentado un recurso ante la OMC, Mogherini y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, advirtieron en abril a Pompeo en una carta que "la UE considerará todas las opciones que estén a su disposición para proteger sus intereses legítimos, incluyendo la apelación a derechos contemplados en el reglamento de la OMC y a través del Estatuto de Bloqueo comunitario".
Una notificación cada seis meses
El Título III de la Ley Helms-Burton entró en vigor el 2 de mayo. La Ley existe desde 1996, pero el título que hacía referencia al embargo nunca había estado activo gracias a un acuerdo entre EEUU y la UE de 1997. Desde entonces, todos los presidentes de EEUU han enviado al Congreso una notificación cada seis meses para impedir su entrada en vigor, hasta que el presidente Donald Trump decidió que por primera vez en la historia iba a activarlo.
Aunque se desconoce el alcance que tendrán las demandas, los cálculos elaborados por el departamento de Estado de EEUU cuando nació la norma proyectaban la interposición de hasta 200.000 demandas. Los expertos consultados por este diario auguran que la medida "podría producir un efecto llamada que provoque la presentación (y reanudación) de una multitud de reclamaciones", apuntan desde los despachos Ius+Aequitas y Díaz, Reus & Targ (Miami).
Además del recurso que podría presentar la UE ante la OMC, la UE tiene una reglamentación que permite a las empresas europeas contraatacar, por ejemplo, exigiendo una compensación en los tribunales de la UE por la misma cantidad denunciada.
En ese sentido, las empresas españolas se están preparando para responder. Desde Iberostar explican que "se está trabajando con nuestros equipos legales en los siguientes pasos a dar". Meliá también tiene una estrategia procesal definida, informa Rebeca Arroyo.