Grandes pérdidas de la banca recompensadas con altas subidas en Bolsa

Al final, los bancos han salido mejor parados de lo previsto en la presentación de sus resultados correspondientes a 2020, lo que se ha visto recompensado en Bolsa. Entre los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter), sumaron unas pérdidas de 5.536 millones de euros, consecuencia de los números rojos de 8.771 millones de euros de Banco Santander, los primeros de su historia, lo que a partir de ahora le impedirá a su presidenta, Ana Botín, poder incluir en su discurso eso de “Santander nunca ha presentado pérdidas”.

Pero pese a este desplome de los resultados, las entidades financieras han presentado mejores resultados de lo previsto por los analistas, y han conseguido culminar un cuarto trimestre récord en negocio. La Bolsa ha compensado estas cuentas del año del Covid con una subida en el sector del 10%, lo que ha sumado 10.166 millones de euros a su capitalización a partir de que Bankia presentara sus resultados el pasado 28 de enero.

Mientras, la morosidad ha seguido descendiendo, aunque todos los banqueros han coincidido en que en la última parte del presente ejercicio, y tras finalizar las medidas paliativas de la economía, como moratorias, ERTE, avales de los créditos ICO, los impagados subirán. “Y si no es en el último semestre, será en el primer trimestre de 2022, una vez que hayan finalizado las nuevas ayudas directas para empresas y autónomos que anunció el pasado viernes el Gobierno”, explicaba el sábado un directivo financiero de una gran entidad.

Estos serán los últimos resultados de Bankia que se fusionará en marzo con CaixaBank. La entidad dejará de existir con el ratio de capital más alto de la gran banca tras generar en 2020 más capital que los otros cuatro grandes bancos juntos.

Por cierto, un apunte. En la rueda de prensa de Banco Santander, celebrada telemáticamente el pasado miércoles Botín, pidió a los periodistas que “por favor”, la tuteásemos “porque de usted me suena de muy mayor”. Esta propuesta, que puede que nadie le diese importancia o pasara desapercibido, a mí me llamo la atención. Pocos empresarios o banqueros, e incluso políticos piden a los asistentes a un acto o rueda de prensa que se les tuteen, aunque tras finalizar estas reuniones los protagonistas suelen aflojan el protocolo.

Pese a que el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha
de ayudas directas,
el debate sobre
qué se considera ayuda directa
no se ha cerrado

Y es que Ana Botín parece que después de unos años, ha conseguido relajarse en las ruedas de prensa. De hecho, se ha convertido en una de las empresarias que más usan las redes sociales y que intentan contactar con la gente a través de anuncios, programas de televisión (hay que recordar el que protagonizó el año pasado con Jesús Calleja en Planeta Calleja), o intermediando a través de cartas para que un preso pueda pedir perdón a un director de una oficina de Banco Santander, que atracó a punta de pistola. Todo esto no es corriente, y a mí me parece bien, aunque todavía me llama la atención.

Cambiando de tema. Las empresas que han acudido a su banco para ampliar el plazo de amortización de sus préstamos ICO de cinco a ocho años, tras flexibilizar el Gobierno la normativa de estos créditos y ampliar en un año el periodo de carencia, se han llevado una desagradable sorpresa. Han visto como al alargar los plazos se les encarece el tipo de interés si la financiación supera los 800.000 euros. Solicitar más carencia no supone un coste.

Aviso a navegantes. Ampliar el plazo de los créditos tiene un precio extra.

Siguiendo con las ayudas, el viernes Economía remitió un esperado comunicado en el que anunciaba que el Gobierno reformará el marco legal para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas. Esta era una reivindicación que llevaba meses encima de la mesa del Ejecutivo por parte de empresarios, asociaciones y bancos. El endurecimiento y el alargamiento de la pandemia están provocando la caída de miles de firmas, sobre todo microempresas, que están minando una parte muy importante del tejido empresarial español.

Tan solo en el último trimestre las empresas y familias en concurso de acreedores se dispararon un 45%, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El objetivo del Gobierno es proteger el tejido productivo y el empleo para contar con una base lo más robusta posible para impulsar la recuperación, según la tesis que expuso el miércoles pasado la presidenta de Banco Santander cuando reclamó públicamente la puesta en marcha de ayudas directas.

La cuestión es que Economía habla de subvenciones, quitas en los créditos, el pago de ciertos gastos, pero no de la inyección de capital directamente en las pymes y autónomos, duda que queda en el aire. Pero varias fuentes conocedoras de las negociaciones que se están llevando a cabo entre el Ejecutivo y los empresarios y bancos aseguran que el comunicado del Gobierno es muy positivo y permitirá la salvación de miles de pymes y autónomos, “pero no son ayudas directas”. Y aluden a que en el Ejecutivo siguen las diferencias, y que la responsable de Economía, Nadia Calviño, “no está aún convencida de tomar medidas para conceder ayudas directas, lo que se entiende por inyectar capital, a las pequeñas y medianas empresas y autónomos”.

En el ministerio, sin embargo, aseguran que el debate es salvar a las empresas y que con las medidas anunciadas y que pondrán en marcha en unas semanas se pretende evitar la caída de las pymes.

Según cálculos de expertos, los confinamientos y las restricciones desde el pasado verano hasta ahora han sido mucho más selectivos, y no se ha producido un confinamiento total de la economía como el que hubo entre marzo y junio de 2020, hay casi un 70% del tejido industrial que está prácticamente a niveles precrisis. Esto significa que si selectivamente se ayuda a las empresas que más lo necesitan será más fácil salir de este tsunami.

Una de las medidas que estudia poner en marcha el Gobierno para las empresas de mediano tamaño, y que de alguna forma ya se emplea por parte de la SEPI, son los créditos participativos, un híbrido que remunera al prestamista en función de la marcha de la compañía. El ICO ya usa recurrentemente esta fórmula con carencia en los primeros años, plazos de amortización largos adoptados a los proyectos, con una remuneración fija y otra variable en función de los resultados de la empresa.