Nuevo proyecto del gobierno para impulsar las inversiones en hidrocarburos

Por

Cledis Candelaresi

Especial para Clarín

Mientras las petroleras discuten entre sí y con funcionarios el contenido de una ley para promover inversiones en hidrocarburos, en los despachos oficiales cobró cuerpo un proyecto que promete a las empresas acceso irrestricto al mercado de cambios y la posibilidad de repatriar libremente dólares empleados en proyectos superiores a 500 millones de dólares, condiciones imprescindibles para ejecutar ambiciosas obras de exportación a la espera. El mismo borrador también prevé una banda de precios mínimo y máximos para fijar el valor del petróleo en la Argentina y contener el precio de los combustibles. Las promesas esbozadas en el texto, aún trabajado en estricta reserva, no tranquilizan el ánimo de los inversores, inquietos por cualquier intervención estatal.

Productoras y refinadoras están operando por ventajas concretas para invertir: como impositivas, un sendero de precios que garantice cobrar más por el petróleo, gas y los combustibles y disponibilidad total para disponer de dólares. Según una firma líder en el mercado, con esas condiciones sí se podrían desembolsar más de US$13 mil millones en cuatro años. Pero algunas ni siquiera creen que haga falta una ley especial, menos una mega norma que dé por un lado y quite por el otro.

El ministerio de Martín Guzmán organizó varias rondas de consultas que incluyó Ceos de las productoras de gas y petróleo y a los ministros de energía de las provincias petroleras, cuyo interés está casi naturalmente alineado con el de aquellos: cuanto más facturen las empresas que operan en su territorio, mayor son las regalías que nutrirán las arcas federales. Los cónclaves se multiplicaron en las últimas semanas. La Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (Ceph), La UIA, buscando asesoramiento para entender las ideas en danza. Y van.

En los últimos meses se acumularon propuestas de iniciativas para promover las inversiones en hidrocarburos, algunos arrimados por las propias petroleras, otros por funcionarios que tienen su propia visión de cómo seducir capitales. Pero en las últimas semanas se consolidó uno que plasma la voluntad oficial de contentar las distintas expectativas patronales, aunque sin resignar la obligación de priorizar el mercado interno.

La iniciativa propone la creación de una banda con un precio mínimo y uno máximo a definir por el Estado para el precio del petróleo en la Argentina: estaría relacionado con lo que cueste el Brent en el mundo pero la traducción no será lineal. Es una manera de controlar el valor de los combustibles locales sin fijar el precio de un modo directo.

El texto sostiene expresamente que el precio de los surtidores resultaría de la libre competencia de comercializadoras y refinadoras y habilita la importación de producto libre de impuestos cuando se acrediten los faltantes. Aquella banda de precios para el crudo ayudaría a las productoras a saber que si se desploma en el mundo ellas tendrán un piso “criollo”. Y a las refinadoras que, si se dispara, habrá un techo para su insumo. Aún así, las firmas consultadas sobre esta hipótesis de trabajo no la ven con buenos ojos y preferirían mercado libre. La generosa iniciativa oficial promete estabilidad regulatoria y fiscal al sector. Los proyectos beneficiados tendrán que mostrar una producción mayor a la registrada en 2019 y, entre otros premios, podrán exportar libremente “hasta el 50%” de la nueva producción y podrán disponer libremente de esos dólares, generados por las ventas al exterior de crudo, naftas o gas.

Naturalmente, la idea del Gobierno es premiar a las inversiones nuevas o a la producción “incremental” a partir de cierto piso. Pero estas varas siempre pueden generar zonas grises y hay empresas que temen quedar afuera del beneficio.

Más importante aún. Se garantizará el libre acceso al mercado de cambios, lo que evitaría situaciones como las que hace poco vivió YPF, que se vio forzada a una refinanciación de deuda porque el Banco Central no pudo proveerle los dólares necesarios para pagar sus deudas.

En el título “Proyectos Especiales” –que impliquen un desembolso superior a 500 millones de dólares a desembolsar en cinco años— el borrador contempla expresamente “la repatriación de inversiones directas y dividendos, y (iii) el pago de obligaciones financieras”.

Está en línea con el decreto de necesidad y urgencia del 6 de abril, que ya abrió parcialmente el cepo de divisas pero para inversiones de más de 100 millones de dólares para varios sectores. Paso que las energéticas consideran oportuno pero “insuficiente”.

Sacar del país los dólares ingresados es la condición básica para grandes proyectos que en algún futuro permitirán llevar al mundo los hidrocarburos de Vaca Muerta. Las más grandes firmas del mercado están esperando que se despeje el panorama para concretar importantes proyectos de transporte y petroquímicos, de varios miles de millones de dólares.

Otra actividad expresamente fomentada por la iniciativa legislativa en estudio sería el almacenaje subterráneo de gas en aventajadas concesiones a 35 años y el otorgamiento de nuevas licencias para el transporte de gas, formalidad legal exigida para que se encaren esas obras.

Como otra llave maestra para que lograr el desembolso de dólares es habilitar las exportaciones, el borrador compromete al Estado a garantizar los contratos de exportaciones, en particular regionales. Sólo en situaciones de emergencia, como si hay un faltante de gas en invierno para los domicilios, se podría obligar a derivar el 10% del producto que está generado para vender al exterior.

A pesar del esfuerzo oficial de no excluir ningún punto de interés de los potenciales inversores, las empresas más que expectantes parecen preocupadas por una nueva norma que pueda extender la mano del Estado a algún lugar que las incomoda y no les asegure, por ejemplo, que habrá un acceso igualitario a la posibilidad de exportar, lo único que las excita.

Tampoco en el Gobierno hay posiciones definitivamente alineadas, salvo la convicción de que hay que ceder para tener. Un ejemplo de disidencias está referido a la autoridad de aplicación del futuro régimen promocional, punto al que los potenciales inversores prestaron poca atención hasta ahora. El borrador gestado en la secretaría de Energía prevé la creación de un órgano oficial específico, asistido por un consejo consultivo con representación empresaria.

Otro proyecto, gestado en el Enargas, avanza en la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos bajo la órbita de la secretaría de Energía que, además de diseñar políticas de largo plazo, tendría competencia para evaluar a los inversores y definir a los a los beneficiarios del régimen. Su titular tendría el rango de secretario de Estado, lo que de hecho lo convertiría en un par de Darío Martínez o quien lo sustituya.