Aumentos y más subsidios para el gas en garrafas

Por

Cledis Candelaresi

Especial para Clarín​

El precio del GLP (gas licuado de petróleo) habrá aumentado de abril a fin de junio 21% pero esa suba no llegaría a todos los que usan este combustible gracias a un aumento del subsidio. Sin embargo, ni ese aumento ni el creciente esfuerzo fiscal son suficientes para satisfacer a las empresas de esta compleja cadena, que aspiran a tener un auxilio estatal ellas mismas para evitar un presunto colapso.

La secuencia de infelicidad incluye a productores de GLP, que se quejan porque el gas que usan como insumo se encareció drásticamente en dólares, y los fraccionadores, que aseguran necesitar cobrar al menos $200 más por cada garrafa de 10 kilos para salir del rojo y que ese aumento está reservado casi exclusivamente para los distribuidores.

El Estado, fiscalmente exhausto, destinará el sexto mes del año casi 2.800 millones de pesos para amparar a los 2,3 millones de consumidores protegidos, lo que podría desbordar las previsiones de la ley de Presupuesto vigente, que contemplaban 13.800 millones de pesos de subvención para el butano en todo el año.

Luego de tener los precios congelados desde julio de 2019, productores, fraccionadores y distribuidores tuvieron un incremento del 22% en octubre pasado que fue trasladado al precio final de esa garrafa, la más demandada. A esa mejora se suma otra similar ahora, que en parte será cubierta por los compradores y en parte por el erario, si éstos integran la nómina de subvencionados: el subsidio nacional pasó de 254 pesos por unidad en marzo a 326 en abril y llegará a 338 en junio. Un salto del 33%.

Producto de la negociación permanente entre las empresas del sector con la secretaría de Darío Martínez es muy posible que haya otra corrección de precios a partir de julio, entrado el invierno para 18 millones de usuarios de GLP, la mayor parte fuera del amparo estatal.

El 45% del GLP argentino se exporta y a un valor que duplica el que se reconoce en el mercado interno para el butano, la variante estrella del mercado local. La mayor parte de este derivado se comercializa a través de garrafas, prioritariamente en su formato de 10 kilos.

Este es un producto con precio regulado y subsidiado por la Nación para beneficiarios de la tarjeta Alimentar: cada plástico tiene acreditado mensualmente la ayuda correspondiente a 3,7 garrafas.

A esa ayuda del poder central se suma otra provista por provincias y municipios, con criterios propios y modos de instrumentación a veces imprevisibles.

Hay ciudades del interior donde el gobierno comunal entrega dos veces por semana el producto sin cargo a unos poquísimos beneficiarios y el resto depende de un proveedor de frecuencia errática que les vende al 60% del precio. En otros lugares, los consumidores reciben un bono para comprar gas licuado, incluyendo provincias patagónicas que cobran con garrafas una parte de las regalías de productoras de gas que también producen GLP.

Paradójicamente, ese producto generalmente consumido por ciudadanos que están en la base de la pirámide de ingresos, cuesta el triple que el gas por redes, que aún no llega a muchas zonas del país.

Otra situación es la del propano, la otra versión del GLP, que se despacha en tubos de 45 kilos u otros recipientes más grandes, como las bombonas que abastecen a los countries. El precio de este producto es libre y, como consecuencia, más alto y con grandes brechas según el proveedor, que lo hacen oscilar entre los 4.200 y 9.000 pesos por unidad.

Según la ley que rige al sector, Economía fija el precio del butano en función de los costos, contemplando una “rentabilidad razonable” de las empresas que intervienen y tomando como límite del valor de exportación: no se puede vender fronteras adentro más caro que fronteras afuera.

Para los productores de GLP la paridad de exportación es un techo muy lejano. Ellos pueden vender a 390 pesos la decena de kilos que a las fraccionadoras no pueden cobrar más de 126 pesos, según la última resolución de la secretaría de Energía.

Ese monto está lejos de ser satisfactorio para un núcleo de empresas lideradas por YPF, Mega, Transportadora de Gas del Sur y PAE. Con diferente impacto según la firma, el negocio se complica con la suba del precio del gas mayorista que en el último año habría subido un 50% en dólares. No pueden exportar todo lo que les gustaría y se sienten embretadas entre el precio de un insumo que subió por ascensor y el de venta del GLP al mercado interno que va por escalera.

Las fraccionadoras parecen estar más incómodas aún y proclaman públicamente lo que ya hicieron saber al Gobierno: que necesitan subir al menos 200 pesos los 236 que pueden cobrar por una garrafa de 10 kilos al distribuidor, último eslabón patronal de la cadena.

“O nos autorizan otra tarifa o necesitamos un subsidio para evitar el quiebre”, sentencia Pedro Cascales, de la Cámara de Empresas Argentina de Gas Licuado (Cegla), donde tallan fuerte las marcas de YPF, Extragas y Amarilla.

En el 2008 la Nación había instrumentado una subvención para las firmas del sector, que desde el 2015 fue reemplazada por una ayuda exclusivamente para la demanda de butano, carburante de las garrafas más chicas. Sobre esta base en 2019 se creó el Programa Hogar, aún vigente en el presupuesto nacional.

A diferencia del gas natural por redes, que escasea particularmente en invierno y obliga a millonarias importaciones, el GLP tuvo hasta ahora oferta garantizada, a pesar de los reclamos por mayores precios en los segmentos regulados del negocio que hacen las empresas.

Es un mercado intrincado, con concentración a través de firmas subsidiarias y disputas que consiguieron con el tiempo ir modificando paulatinamente el mapa de reparto, a pesar de que tanto productores como fraccionadores participan en función de cupos asignados.

El Estado no dispone de herramientas adecuadas para controlar lo que debiera por ley, ni siquiera un cuerpo de inspectores suficiente como para revisar el ajuste a normas de calidad de más de un centenar de plantas de fraccionamiento distribuidas en todo el país. Estas tienen cuotas asginadas en función de la cantidad de envases que le hayan habilitado, que pueden llenar hasta cuatro veces por año durante una década.

Modificar esta distribución de cupos para abastecer el mercado interno no es tarea sencilla y da lugar a fuertes pujas por sostenerse en una actividad casi denostada por las empresas pero de la que nadie parece querer salir.

Con añadido de IVA, Ingresos Brutos y el adicional por el envío, la garrafa más demandad del país oscila entre los 530 y 700 pesos según el lugar del país en que se consuma.

El butano tiene menos poder calorífico que el propano y una familia tipo puede necesitar varias por mes, en particular en épocas frías. La incógnita es si aquel precio volverá a tener un aumento desde el 1 de julio, si el estado nacional puede salir al ruedo aumentando más las subvenciones o si mantiene el statu quo.

De alguna manera, esta definición también depende de cuál sea el criterio que se imponga internamente en el ministerio de Martín Guzmán, quien intenta cuadrar las cuentas públicas conteniendo los crecientes subsidios.