Jueces enmascarados

Desde algunos sectores de la opinión pública se pide que los jueces que escribimos en Twitter bajo pseudónimo dejemos de hacerlo y operemos con nuestro nombre y apellidos. Incluso se reclama al Consejo General del Poder Judicial que ponga orden en ello.

Se hace aprovechando que hace poco se ha recusado a un compañero por unos tuits que, al entender del Tribunal Superior de Justicia competente, revelaban enemistad manifiesta con una de las partes del juicio, que precisamente había pedido su recusación, quedando así apartado del asunto.

Podríamos decir que no hay nada especial en ello, pero se ha elevado este particular y excepcional caso a la categoría de paradigma para decirnos, a los jueces tuiteros “anónimos”, que somos un problema.

Y ello porque, se argumenta, cualquier ciudadano debería poder hacer lo mismo que la afectada en aquel juicio, esto es, recusar a aquellos jueces que, con base en nuestras opiniones vertidas en Twitter, aparentemente nos predispongamos en contra de ellos o de su asunto. Para ello, se reclama, en Twitter deberíamos estar todos los jueces con nuestra verdadera identidad.

Lo cierto, sin embargo, es que esta pretensión no es honesta. Primero porque, si la desarrollamos, la conclusión es que se debería ir más allá de los jueces: más importante que poder recusar a un juez es saber, por ejemplo, quién ha cometido un delito a través de Twitter (de odio, amenazas, injurias…). Limitarse al colectivo judicial denota cierta fijación por éste.

Segundo porque, que yo diga en Twitter que soy Fulanito Rodríguez, titular del juzgado de Varapalo, no garantiza que lo sea; podría ser un trol. Así que, a fin de evitar que los ciudadanos tengan que estar haciendo averiguaciones, habría además que pedir que Twitter verifique las cuentas de estos jueces. Si no, nos quedamos a medias.

Y, en tercer lugar, porque si esto va del derecho de los ciudadanos a poder recusar a un juez, deberíamos trascender Twitter. Los peligros para la imparcialidad de los jueces no vienen sólo de su participación en esta red social, y limitarnos a ella sería injusto con aquellos ciudadanos en cuyos partidos judiciales los jueces no usan Twitter, pero que pueden tener la inquietud de saber si deben o no recusar a su juez.

Así que, si recusar es un derecho, debería serlo de todos. Pero, claro, ello solo podría conseguirse creando un censo de jueces en el que cada uno quede reflejado según su ideología, aficiones, creencias, relaciones personales, interacciones en medios, etc. Un censo donde, sin esperar a que el juez se abra una cuenta en Twitter, podamos examinar los posibles sesgos de su señoría a fin de recusarlo si entendemos que no es lo bastante imparcial.

Este es el peligroso corolario que hay tras la pretensión de “desanomizarnos”: que los jueces quedemos perfectamente identificados en nuestras inclinaciones y pensamientos. Luego, dependiendo del interesado y del momento, ya se pondría el acento en esto o aquello del juez. Que ya sabemos que lo que a unos se les pide que no hagan, a otros se les deja hacer tranquilamente.

Realmente, el problema de todo ello es la creencia comúnmente extendida de que los jueces no somos imparciales por tener una opinión sobre un tema de actualidad o una ideología reconocida. Se olvida que hay jueces católicos divorciando, jueces de izquierdas desahuciando y jueces de derechas dando la razón al trabajador frente al empresario. Que, al resolver, los jueces dejamos a un lado nuestro sistema personal de creencias, opiniones e ideología. Somos profesionales de la imparcialidad, ése es nuestro trabajo.

Así que no, no se puede recusar a un juez por sus ideas, opiniones o gustos. Las causas legales de abstención y/o recusación se refieren a la relación que tiene el juez con las partes del juicio (tener amistad y/o enemistad con alguna de ellas, vínculo afectivo, etc.) o con el asunto en cuestión (interés en él, conocimiento previo), no a sus opiniones. Así que sólo supuestos muy tangenciales pueden nacer en la dinámica de Twitter. Por eso, los jueces enmascarados que opinamos en redes sociales no somos ningún problema.

Quede claro que no defiendo la barra libre en redes sociales, sino la postura de quienes, como jueces, queremos estar en ellas para hablar de Justicia con cierta credibilidad y, a la vez, protegernos con un pseudónimo de quienes confunden lo que opina un juez en Twitter con su trabajo en el juzgado. Así, entre otras cosas, evito que el ciudadano al que he de juzgar se inquiete y dude injustificadamente de mi profesionalidad con base en lo que un día dije como @judgethezipper.

No es un propósito tan malvado.

Judge The Zipper, pseudónimo en Twitter de un magistrado en activo