El año arranco con sequía: ¿recalcula el Gobierno su estrategia por el menor ingreso de dólares?

Mucho se habló durante el segundo semestre de 2021 de la amenaza de seca para fines de 2021 y principios de 2022. Un evento que iba afectar la etapa final de la cosecha fina y la etapa crítica del maíz y la soja. Buena parte de esa amenaza ya se concretó y lo hizo con una intensidad mayor a la esperada. El trigo la sorteó con éxito y cerró una campaña con siembra y producción récord. No ocurrió lo mismo con el maíz y la soja.

Para la soja ya hay proyecciones de producción en torno a 40 millones de toneladas, valor que está muy por debajo del promedio de 50 millones de las últimas cosechas e, incluso, por debajo de los 43,5/45 millones de la mala cosecha 2021. Si eso se agrava, y perforamos los 40 millones, estaríamos entrando en zona de cosechas muy malas. En el caso de maíz las proyecciones de volumen de cosecha ya se ubican en torno a 46 millones de toneladas, una cifra que también está por debajo del promedio de las últimas tres cosechas 52 millones y cae fuerte respecto de la campaña anterior. Con la gravedad que en este caso había expectativas de campaña récord en volumen en función de la intención de siembra.

Llegados a este punto, vale la pena clarificar sobre esta obsesión de los analistas económicos locales con las campañas agrícolas. El clima es un factor exógeno cada vez más relevante en el contexto de una economía local que por deficiencias propias hace una década y pico no logra salir de la estanflación. La buena, mediocre o mala suerte climática terminan teniendo un rol fundamental a la hora de definir económicamente el año.

Podríamos sintetizar en tres los frentes en los que la suerte de la cosecha gruesa tiene un impacto directo e indirecto significativo: Actividad/Precios, Mercado Cambiario y Frente Fiscal.

Desde el punto de vista de la actividad, el impacto es evidente y directo en el sector agropecuario y la industria, particularmente la alimenticia, donde la molienda de oleaginosas es el subsector más importante. Sin embargo, la disponibilidad y precio de la soja, maíz y sus subproductos también impactan en otros subsectores del propio sector agropecuario (ganadería y aves de corral, por ejemplo).

Además, tenemos el impacto sobre la demanda de insumos, servicios y bienes de uso y de capital (agroquímicos, minerales no metálicos, metalmecánica, automotriz, transporte, servicios profesionales y servicios comerciales, entre otros).  Una cosecha por debajo de los promedios históricos recientes nos aleja aun más de la meta de expansión de la actividad de 4% anual que Guzmán definió para 2022. La industria y la construcción ya estaban mostrando dificultades para sostener el ritmo y la principal tracción había pasado a los servicios de la mano de la normalización y los estímulos fiscales y monetarios. Además, implica presiones adicionales por el lado de los precios de los insumos en un contexto ya caliente en esa dimensión.

En el contexto de un cepo tan duro y un gobierno sin acceso al mercado de capitales internacional, la única fuente neta y genuina de divisas es el superávit por cuenta corriente y dentro de la misma el superávit comercial. De hecho, la cadena agroindustrial y, en particular, el cluster oleaginoso, es el principal bloque exportador. Una menor cosecha, implica una menor oferta genuina de dólares en un contexto de reservas muy escasas y presiones cambiaras reprimidas y evidenciadas en una brecha persistentemente alta.

En particular, si nos concentramos en soja (se exporta 100% en forma de grano, aceite o subproductos), 10 millones de toneladas menos versus la cosecha promedio (el supuesto tradicional en el presupuesto) y unos 3,5/5 millones de toneladas menos versus cosecha previa, se traduce, a los precios FOB actuales (metodología Bolsa de Buenos Aires) para época de cosecha (abril), en una merma de entre 5000 y 2.500 millones de dólares, respectivamente (cosecha promedio / última cosecha), de exportaciones y oferta de divisas en el mercado oficial. Si sumamos maíz, tenemos un impacto directo negativo superior a 5% versus las exportaciones totales de 2021 (USD 76.000/77.000 millones) Y bastante mayor versus lo presupuestado.

La suba de precios puede compensar algo, pero lo cierto es que el año pasado los precios ya fueron muy buenos en términos históricos y este año, a diferencia del año pasado, el ajuste de la política monetaria en economías desarrolladas juega en contra.

Por último, el frente fiscal. El sector agropecuario, en general, y los granos y la soja, en particular, son alevosamente los principales aportantes de Derechos de Exportación (DEX), que es recaudación no coparticipable (embolsa en un 100% el Sector Público Nacional) En particular, los DEX fueron clave en el año pasado para que el déficit no sea mayor, aportaron casi 9% de la recaudación tributaria nacional y poco más de 2 puntos del producto (PIB) De eso, más de tres cuartos fue aporte de la cadena de la soja y más de 90% del sector agroindustrial.

El Sector Público Nacional cerró 2021 con un déficit primario base caja que, sin contabilidad creativa (DEG y rentas por bonos CER) y sin extraordinarios (Aporte Extraordinario) se ubicará en torno a 4% del PIB y que se financió casi en su totalidad con fuentes monetariamente expansivas, en el contexto de un gobierno que afirma no querer ajustar.

Ergo, una mala cosecha es más rojo fiscal y más expansión monetaria para financiarlo, lo que se traduce en mayores presiones sobre la nominalidad (inflación, tipo de cambio oficial y brecha) y sobre las expectativas y la actividad.

La seca 2022 se está convirtiendo en un evento bastante inoportuno que encuentra a la administración actual coqueteando con una negociación dura con el FMI en el contexto de dinámicas nominales complicadas, stocks escasos (reservas), desequilibrios fiscales y monetarios persistentes y expectativas desancladas. Claramente, sólo por prudencia, debería ser suficiente para dar pie a un “recalculando” de parte de la estrategia oficial.

El autor es Economista