La crisis económica corre rápido y Sergio Massa no tiene piloto

La relación entre el precio de los bienes que la Argentina exporta y el de los que importa, los también llamados términos del intercambio, es hoy y desde hace tiempo la mejor que puede pedírsele al mundo. Según el INDEC, la más favorable al país de la serie que arranca en 1986.

Una primera medida de esa “ganancia” dice nada menos que US$ 18.611 millones en 2021, y sale de la diferencia del superávit comercial calculado según los precios de 2020 respecto del que finalmente hubo gracias al fortalecimiento de los términos del intercambio en 2021.

Otra muestra potente y de la misma especie cuenta que el poder de compra de las exportaciones de 2021 supera en un 76% al que tenían las de 2004 calculadas al valor del 2024, que es como decir calculadas a valores constantes.

Más al punto va, claramente, el incremento que hubo en los precios internacionales de algunos productos clave de las exportaciones argentinas, entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2022. O sea, durante la actual experiencia kirchnerista.

Primera en el ranking de exportaciones, la harina de soja anota una suba del 57%.

Segundo en la lista, el maíz señala 52%; seguido del aceite de soja con 160%, el trigo con 45% y, para completar el paquete agropecuario fuerte, el 20% de la hacienda bovina y sus subproductos. Todo cotizado en dólares, por si hace falta aclararlo.

La última o penúltima marca de un cuadro que bien podría titularse dependencia al palo de las divisas generadas por el campo, revela que la suma de soja y derivados, más trigo, maíz y hacienda bovina representa cerca del 55% de las ventas al exterior.

Esto es, casi US$ 37.000 millones en cifras de 2021.

Apuntalados por ese viento de cola, los números del INDEC cantan un superávit de US$ 30.300 millones para los últimos dos años y medio. Y en el acto dejan picando una pregunta de cajón: ¿cómo puede ser que con semejante montaña de recursos el Banco Central se haya quedado poco menos que sin reservas y ande rascando en cualquier caja a mano?

Más del mismo boletín, tenemos una pérdida de divisas de US$ 820 millones desde que asumió Sergio Massa y US$ 1.870 millones acumulados desde principios de julio.

Salta ahí, evidente, un buen margen de desconfianza y de incertidumbre que el recambio en el Ministerio de Economía no logra desarmar.

Previsible, acompañan movimientos especulativos habituales en trances semejantes del tipo “ir por las reservas antes de que sea tarde”, fogoneados, además, por una brecha cambiaria del 120%. Así de grande es, justamente, el premio que se consigue con operaciones que según cuadre orbitan entre una u otra punta de la ecuación y que, de un modo o de otro, siempre paga el BCRA.

Un dato retumba aquí: el impresionante crecimiento de las importaciones, en una economía que si bien ha mejorado de ningún modo vuela. Dice US$ 147.000 millones desde principios de 2020, en bienes que ingresaron al tipo de cambio oficial y que, en unos cuantos casos, terminaron cotizándose de hecho al blue.

Tardía reacción del gobierno que él finalmente integra, Sergio Massa ha advertido que existieron maniobras de exportadores e importadores que serán llevadas a la Justicia. Se supone que también los funcionarios que dejaron hacer, en un régimen formalmente lleno o selectivamente lleno de controles, de trabas y cepos.

Lo cierto y definitivamente concreto es que tal cual están hoy los tantos el Central apenas tiene reservas netas, de las consideradas disponibles, para diez días de importaciones en general o un mes de las prioritarias energéticas. Además, no le sobra resto para intervenciones contra los dólares alternativos.

Se entiende, luego, que el Gobierno hubiese negociado de apuro que el campo y otros sectores anticipen exportaciones por US$ 5.000 millones y que esté tocando las puertas de algunos organismos de crédito internacionales, en busca de muy módicos adelantos de créditos acordados que van de US$ 500 a US$ 1.000 millones.

Hay otras cosas que también urgen, dentro del embrollo de problemas amontonados sin resolver, de errores que son enfrentados con parches o con plata del Estado y, al fin, de las que conforman ese edificio destartalado que se creó durante una gestión que es la gestión de Massa, de Cristina Fernández y de Alberto Fernández.

Un despropósito bien K al que le estaría tocando la hora se llama subsidios monumentales, ya insostenibles, al consumo de gas y electricidad. Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso marcan, para el primer semestre del año, un gasto de $ 764.000 millones, equivalentes a casi US$ 5.800 millones al tipo de cambio oficial, y un crecimiento real, descontada la inflación, del 38% contra el año pasado.

En principio, las proyecciones privadas elevan el total anual a US$ 15.000 millones, esto es, US$ 4.000 millones por encima de 2021. Cosas del ancho mundo K, en 2015, a finales del segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof de ministro, la cuenta de los subsidios energéticos marcó US$ 14.000 millones.

Los tiempos mandan, ahora, un ajuste fiscal que lleva adentro un recorte de los subsidios a la luz y el gas en el Area Metropolitana estimado en $ 500.000 millones, a valores de hoy y en un año completo. Viene con una pérdida del beneficio que alcanzaría al 29% de los usuarios domiciliarios.

Todo bastante confuso aún, cálculos de especialistas dicen que para quienes pierdan el subsidio pagar la tarifa plena les implicará un aumento promedio del 85% en el gas natural, y otro del 196% en la electricidad.

Vale, a cuento de la movida, el antecedente del saque que la Corte le pegó al tarifazo macrista al gas de 2016: debe asegurarse, dice el fallo, “certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad” para permitir la programación de las economías individuales y familiares.

Otro dato común que también lleva la marca del FMI dispone clavar el déficit primario de 2022, sin computar intereses de la deuda, en el 2,5% del PBI. Esto es, un ajuste del 0,7% respecto del 3,2% hacia el que marcha el desequilibrio, que debe ser ejecutado en pocos meses y equivale a $ 540.000 millones.

La serie sigue con un 1,9% en 2023 que resulta de cumplimiento riguroso para Massa. Primero, porque necesita mostrar que va a respetar el acuerdo y, sobre todo, porque resulta crucial remachar que no habrá default con el Fondo Monetario.

Pequeño gran detalle sobre la dimensión del operativo: el gasto público crece hoy al 9,6% real y los ingresos bajan 0,4% también real. Puesta en plata, la diferencia representa 1,9 billón de pesos sólo en el primer semestre del año.

Falta agregar al panorama el dato que, del modo más comprensible, refleja y sintetiza la magnitud de los desajustes y el descontrol que gobiernan la economía.

Ningún acertijo, se trata de la indomable, destructiva inflación que le pone el sello a una crisis que quema etapas sobre etapas y avanza cada vez más rápido.

Después de un julio que según los estudios privados habría cerrado del 6,5 al 7-8%, los datos de la primera semana de agosto relevados por la consultora LCG plantean 5,3% en productos panificados, 4,1% en azúcar y 2,1% para verduras. Muy preliminar todavía, el índice promedio del mes se acerca al 7%.

El último relevamiento que el Banco Central hizo entre especialistas de acá y del exterior pronosticó 90,2% para el año, 6% en agosto y variaciones alrededor del 5% mensual de septiembre a enero de 2023. Lo que se dice, inflación alta y constante.

Nada hay, por donde se mire, que suene a liviano justamente y todo lo que hay pide un plan articulado más que un listín de medidas imprecisas. Suspenso hasta el final, Gabriel Rubinstein, el macroeconomista elegido por Massa para la tarea, anda con problemas por unos tuits ácidos, irónicos y críticos sobre Cristina Kirchner.