El gobierno continúa su persecución sobre la economía colaborativa. Hoy lunes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su ministerio instará a la Fiscalía General del Estado a que investigue "si existe invasión de la esfera penal" y vulneración de los derechos de los trabajadores por parte de las plataformas de reparto.
"Digo solemnemente que la Ley Rider se va a cumplir", ha dicho la ministra en el Congreso de los Diputados, argumentando que "estamos en un Estado social y democrático de Derecho y las empresas rebeldes se van a someter al Estado social y democrático de Derecho".
De entre estas empresas "rebeldes", el objetivo principal de Yolanda Díaz es la startup española Glovo, que en marzo remitió a la ministra una carta indicando los problemas que la Ley Rider estaba acarreando al sector. Glovo, no obstante, aún mantiene a buena parte de sus repartidores como autónomos, lo que ha despertado el enfado de la vicepresidenta segunda, quien anunció la semana pasada la imposición de sanciones contra la plataforma.
En este sentido, la ministra de Podemos y miembro del Partido Comunista ha recordado hoy lunes que la Inspección de Trabajo ya ha actuado "contra dos empresas" (en clara alusión a Glovo y Uber Eats) que han "abusado con falsos autónomos" y "practican obstrucción" a la Inspección de Trabajo.
"Esto es muy grave. No lo vamos a consentir. No vamos a parar", ha recalcado, para después amenazar con que "el peso de la ley va a caer sobre esas empresas, que son una pequeña parte que incumplen estas normas".
La guerra de Díaz con las empresas de reparto a domicilio, plasmada en forma de la Ley Rider, obliga a estas plataformas a contratar a los repartidores como personal laboral, cuando anteriormente estos trabajaban bajo la figura de autónomos prestando sus servicios de manera flexible y con libertad de horario. Fruto de esta normativa, una de las principales compañías del sector, Deliveroo, optó por abandonar el país.
Desde el ministerio de Trabajo han concretado que en el caso de Glovo las sanciones ascienden a casi 150 millones de euros, de los que 87,2 millones corresponden al importe en actas de infracciones y 61 millones de euros proceden de las actas de liquidación.