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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no se ha olvidado de la locura de las ICO de 2017.
La SEC presentó el viernes cargos contra cuatro hombres detrás de la empresa bermudeña Arbitrade Ltd., la firma canadiense Cryptobontix Inc. y la empresa estadounidense Sion Trading, por la presunta ejecución de un esquema para bombear tokens de criptomonedas por valor de 36,8 millones de dólares desde 2017 hasta 2019
Los hombres detrás de la supuesta estafa afirmaron que tenían 10 mil millones de dólares en lingotes de oro reales en una reserva que respaldaría su cripto token basado en Ethereum irónicamente llamado Dignity (DIG).
Los creadores de DIG afirmaban que cada uno de los tres mil millones de tokens totales de DIG estaba respaldado por un dólar de oro y que los tokens de DIG podían canjearse por el oro.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alega que Troy R.J. Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman y el "comerciante de oro" Max W. Barber estafaron a los clientes mintiendo sobre la existencia del oro y pretendiendo contratar a empresas de contabilidad para "auditar" dicho oro.
Según la presentación ante la SEC, DIG fue creado por desarrolladores rusos en 2017. Luego, el token fue bombeado desde mayo de 2018 hasta enero de 2019 a través de comunicados de prensa "falsos y engañosos" y una conferencia de prensa.
En particular, DIG sólo estaba disponible para su compra en la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa Livecoin, que más tarde fue cerrada en enero de 2021 debido a un supuesto hackeo.
Para empeorar las cosas, Hogg, Goldberg y Braverman supuestamente vendieron tokens DIG en Livecoin a "precios artificialmente inflados", según la SEC.
Los presuntos estafadores han sido acusados de violar numerosos artículos de la Ley de Valores de 1933 y de la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
La SEC quiere que los acusados devuelvan todos los beneficios obtenidos durante la presunta trama, así como otras sanciones pecuniarias civiles. La SEC también solicita que se inhabilite a los cuatro hombres para ejercer como funcionarios y directores—una restricción que les prohibiría volver a ser funcionarios o directores de una empresa que cotice en bolsa.