Nitroglicerina: impuestos, inflación y deuda pública

Lo sucedido en Reino Unido es un buen ejemplo para España de lo que no se puede hacer en una crisis energética, con alta inflación y elevadísima deuda pública. Una crisis política en la que su propio partido obliga a Boris Johnson a dimitir. Un proceso de primarias muy competitivo en el que necesitas que te elijan los militantes. Y promesas de bajadas de impuestos para ganar emulando la imagen de Margaret Thatcher, irresistibles para sus militantes.

El problema llega cuando ganas, llegas al número 10 de Downing Street y un funcionario del Tesoro te dice que no hay dinero en la caja. El Reino Unido cerró 2021 con un déficit público del 8% del PIB y la deuda pública al 95% del PIB, el doble de la de 2008, antes de la quiebra de Lehman Brothers, y la de 1979, cuando Margaret Thatcher llegó al Gobierno.

Liz Truss tenía dos opciones: decirle la verdad a sus militantes y británicos o cumplir sus promesas de campaña. Y optó por la segunda opción.

Su primera decisión fue aprobar un plan de expansión fiscal que suponía casi triplicar la previsión de déficit público anunciada por el Gobierno anterior para este año. La rebaja de impuestos suponía un tercio del plan y los dos tercios restantes era aumento del gasto público. Según el modelo de Rudiger Dornsbusch, con expectativas racionales ese plan fiscal provocaría más inflación, subidas de tipos del Banco de Inglaterra, haría más atractivo invertir en libras a corto plazo y provocaría una apreciación del tipo de cambio.

El efecto fue el contrario. Los inversores se asustaron, huyeron en estampida y provocaron el desplome de la libra esterlina con una virulencia desconocida desde la crisis del Sistema Monetario Europeo en 1992. Ese misma día, el Banco de Inglaterra emitió un comunicado afirmando que tras la aprobación del plan de estímulo fiscal mantenían sus previsiones de inflación. Los inversores dejaron de creer en el Gobierno británico, en el Banco de Inglaterra y huyeron de la libra para minimizar las pérdidas provocando el colapso del mercado.

El Banco de Inglaterra, consciente de su error y del riesgo de provocar otra crisis financiera similar a la de 1992 o incluso como la de 2008, decidió intervenir en el mercado con una compra masiva de deuda pública, incumpliendo su estrategia y su mandato de reducir la inflación. El banco no solo se había comprometido dejar de comprar deuda, sino a reducir la que ya tenía.

Liz Truss se vio obligada ayer a anunciar que no aplicaría una parte de su plan de expansión fiscal. El problema con la credibilidad monetaria y fiscal es que se tarda muy poco tiempo en perder, pero puede pasar mucho tiempo hasta que los inversores vuelvan a creer en la libra y a dar crédito al Gobierno británico.

El contagio de la crisis de la libra fue fulminante sobre la deuda pública italiana. Lo mismo que sucedió en 1992, pero en esta ocasión al estar Italia en el euro, el indicador de miedo de los inversores lo marca la prima de riesgo de su deuda pública. El efecto es el mismo, ya que lo que provocó la subida de la prima de riesgo fue una fuga masiva de capitales que huyeron de deuda italiana para refugiarse en deuda pública a corto plazo de Alemania, EEUU y Japón, principalmente. ¿Qué provocó el pánico de los inversores para huir también de Italia? Que Giorgia Meloni había hecho en campaña las mismas promesas populistas que Liz Truss. Con el añadido de que Italia es un país que lleva muchas décadas con un crecimiento ínfimo y su deuda pública es del 150% del PIB, 50 puntos más que la británica. ¿Dirá Meloni la verdad a los italianos o cumplirá sus promesas de campaña? Veremos.

El Gobierno alemán, anticipando la crisis energética que se les viene encima por el corte de suministro de gas ruso, también ha anunciado subvenciones a sus ciudadanos de los precios de la energía equivalentes al 5% de su PIB. La situación fiscal de Alemania es mejor que la británica y la italiana, con una deuda pública prevista este año próxima al 70% del PIB. Pero su plan de expansión fiscal supondría más que doblar la previsión de déficit anunciada a los inversores para este año. Alemania ha hecho saltar por los aires de manera unilateral las reglas fiscales europeas y eso afecta a la credibilidad del euro, forzará al BCE a subir más los tipos de interés y mete presión sobre la prima de riesgo italiana y la del resto de países altamente endeudados.

España ha congelado el gasto público en el primer semestre de 2022 y eso ha permitido reducir el déficit un 30%, como confirmó el INE la pasada semana. Pero también estamos en campaña y se ha activado una guerra de bajada de impuestos que comenzó en el Gobierno andaluz, continuó con el valenciano y llegó a Moncloa anunciando una deducción en el IRPF. De momento, hablamos de cantidades muy inferiores a las de Reino Unido, Italia y Alemania. Pero los inversores están temerosos y observan nuestra deuda pública próxima al 115% del PIB, nuestra emisión bruta de deuda del 17% del PIB anual, un déficit estructural de unos 50.000 millones de euros, la mayor parte concentrado en nuestro sistema público de pensiones, y con el compromiso de aumentarlo en unos 15.000 millones por la revalorización de las pensiones con el IPC.

Con la inflación elevada y la incertidumbre de la crisis del gas, ya solo nos faltaba una crisis financiera como la que forzó al Gobierno español a pedir un rescate internacional en 2012. Esperamos que haya vida inteligente para enviar mensajes tranquilizadores a los inversores internacionales y evitarla.

José Carlos Díez es Director de la Cátedra Orfin de la Universidad de Alcalá