Autorizan un aumento extra a Edenor y Edesur para que puedan pagar una deuda de $ 200.000 millones

Las distribuidoras eléctricas de todo el país recibieron una autorización para saldar deudas por $500.000 millones en cuotas mensuales durante ocho años. Eso se votó en la ley de Presupuesto 2023 que aprobó Diputados el miércoles por la mañana. Pero hay un beneficio extra para las empresas: en los próximos tres meses podrán disponer de recursos adicionales a través de un aumento de tarifas.

Para el caso puntual de Edenor y Edesur tendrán ocho años para pagar una deuda de $ 200.000 millones que mantienen con Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico. Esto es porque los márgenes que le fue autorizando el Poder Ejecutivo nacional a las distribuidoras de Buenos Aires y el conurbano durante los últimos tres años resultaron insuficiente para que estas empresas puedan prestar su servicio y obtener los fondos para pagarle a Cammesa.

Ahora, para que puedan afrontar esa deuda, el Estado permitirá a las distribuidoras que recompongan sus márgenes dentro de los próximos tres meses. En el caso de Edenor y Edesur, que operan en Buenos Aires y el conurbano, tienen 90 días para obtener nuevos cuadros tarifarios. Se supone que deberán establecer aumentos de tarifas que les permitan pagar los costos.

La idea de los legisladores es que las tarifas de Buenos Aires sean más parecidas a las del interior. Eso supondría que los importes de las boletas de Buenos Aires se dupliquen en relación a los actuales, para equiparar los existentes en Santa Fe y Córdoba, por ejemplo. Eso dicen fuentes del oficialismo. “Aplicar esa RTI tan rápido pareciera apuntar a una suba muy fuerte de las tarifas”, objetan.

“Se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires”, dice el presupuesto votado anoche. Edenor y Edesur tendrán ocho años para pagar una deuda de $ 200.000 millones. Y ahora recibirán una actualización tarifaria para que sus ingresos sean acordes a ese compromiso.

La revisión tarifaria integral (RTI) es un proceso que tiene que ser convocado desde el regulador. En el caso de Buenos Aires y el conurbano, se trata del Enre. Este último supervisa a las empresas que están bajo su área de concesión -el Estado nacional- que son Edenor y Edesur.

El proceso suele tardar entre 6 y 8 meses. Pero el Enre tendrá que implementarlo en tres meses. “Hasta que se promulga y se hacen las audiencias, llegamos a marzo”, explican en el sector.

Este proceso es independiente de la quita de subsidios. Esa remoción se está haciendo en el precio de la electricidad, que es lo que pagan los clientes por la luz que consumen. Entre octubre y noviembre, les quitarán un 20% de subsidios en ese concepto. En los bimestres siguientes, habrá otras quitas del 40% cada una.

Edenor y Edesur deben actualizar el valor agregado de distribución (VAD), que es lo que cobran por la prestación de sus servicios. Las provincias -como Córdoba, Santa Fe- ya vienen avalando subas en ese concepto. Por eso, las boletas eléctricas en el interior duplican o triplican las de Buenos Aires, cuando el precio de la electricidad es el mismo para todo el país.

“Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un periodo no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior”, detalla el artículo del presupuesto votado anoche.

Esto implica que todas las distribuidoras morosas (las hay en Chaco y Chubut, por ejemplo) también tendrán tres meses para presentar nuevas recomposiciones en sus tarifas.

Las distribuidoras poseen seis meses para determinar un mecanismo para el pago de facturas que le deben a Cammesa. El pago de las mismas será a través de 96 cuotas (8 años), en una disposición que harán la secretaría de Energía y el ministerio de Economía.

Tanto en el oficialismo como en la oposición se echaban culpas sobre lo votado en relación a la deuda con Cammesa y el aumento de tarifas que aplicarán Edenor y Edesur.

El plazo de aplicación es 90 días tras la sanción de la ley. Falta que el artículo en cuestión pase por la Cámara de Senadores. Pero revisarlo supondría que todo el presupuesto vuelva a Diputados.